La acusación al ministro Beyer

El escenario presiona a Michelle Bachelet a realizar quizás su primera promesa de campaña: poner fin al lucro en educación subvencionada y universidades.

por Ernesto Aguila -  

SI ALGUIEN quería colocar sobre la mesa todas las contradicciones que encierra el tema educacional hoy en la elite política chilena, el camino más corto era, sin duda, una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer. No sólo está implicado el mérito mismo de la acusación, sino que conlleva una evaluación de los gobiernos de la Concertación frente al tema y presiona a la ex Presidenta Bachelet a realizar quizás su primera definición fuerte de campaña: qué pasará con el lucro en la educación si regresa al gobierno.
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El fuerte de la actual acusación constitucional radica en un conjunto de cartas y peticiones solicitando acciones fiscalizadoras que profesores de Derecho de la Universidad de Chile hicieron llegar a la máxima autoridad educacional en septiembre de 2011 y que, ante la falta de respuesta, volvieron a enviar en junio 2012. A esto se agrega el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el lucro y sus recomendaciones, y una abundante información pública, antecedentes que habrían sido desatendidos por la autoridad. El desafío del ministro y de su defensa no consiste en argumentar sobre lo que no hizo la Concertación -esa elemental falacia ad hominem de desestimar un argumento por la vía de descalificar la autoridad de quien lo emite-, sino algo mucho más preciso y concreto: demostrar que no ignoró las peticiones que le hicieron ni soslayó la evidencia pública, que sí fiscalizó y/o que carecía de las herramientas jurídicas necesarias para haber emprendido una fiscalización más acuciosa.

Que el sayo le cae también a la Concertación, no cabe duda. Para deslindar responsabilidades ésta deberá usar argumentos similares a los del ministro Beyer, aunque no debiera descartar una cuota de autocrítica. Lo que no parece razonable es plegarse a la “doctrina”  del presidente del PPD, algo así como “si somos todos culpables entonces nadie puede ser juzgado”.

El escenario abierto constituye un exigente primer test político para la ex Presidente Bachelet en su retorno a la política nacional y la presiona a realizar quizás su primera promesa dura de campaña: poner fin al lucro en las universidades y en el sistema escolar subvencionado. Ya lo propuso en el primer proyecto de Ley General de Educación (LGE) que envió al Parlamento en abril de 2007 y que fue rechazado. Ahora puede intentarlo de nuevo, esta vez con una nueva mayoría parlamentaria y apoyándose en una sociedad más  activa. Que el primer tema de campaña sea lucro o no lucro en educación puede ser una señal de la gravitación que podría llegar a tener la movilización de 2011 en la próxima contienda presidencial.

Ver La Tercera 27.3.2013