El 23 de abril pasado,
Michelle Bachelet anunció los nombres de un equipo de abogados que
estuvo a cargo de elaborar propuestas para cambiar la Constitución. Tras
reunirse, desde entonces, los lunes y sábados en el Instituto Igualdad,
la propuesta fue entregada hace unos días a la candidata y en las
próximas horas Bachelet se referirá a ella públicamente.
Pese a que aún las definiciones necesitan adaptarse al escenario
político, y eso significa esperar el resultado de las primarias, la
columna vertebral es un tema conocido: “Aquí la cuestión de fondo es el
déficit de legitimidad de la Constitución de 1980, porque, si bien es
cierto que ésta ha tenido 30 reformas desde 1989 hasta la fecha, son
reformas impuestas desde la lógica del falso consenso”, señala Francisco
Zuñiga, abogado constitucionalista que lideró el grupo.
-¿Hacia dónde hay que correr la Constitución y sus garantías?
-Tenemos una Constitución que es rica en materia de derechos civiles y
prácticamente menesterosa en materia de derechos sociales, económicos y
culturales. Es una Constitución pensada desde las coordenadas del Estado
mínimo, de una revolución capitalista como la que hubo en nuestro país;
y no es una Constitución pensada desde el compromiso democrático, desde
el Estado social. Y por tanto, para saldar el tema de déficit de
legitimidad de la Constitución, no sólo es necesaria una Constitución
que haga realidad un extenso catálogo de derechos, deberes y garantías,
sino que requerimos una definición de Estado que sea coherente con esos
derechos y esa definición es el Estado social y democrático de derecho.
Según Zúñiga, al mismo tiempo, se requiere perfeccionar “la república
democrática, abriendo cauces a la participación directa a la ciudadanía
en asuntos públicos a través de referéndum, iniciativa popular de ley y
revocatoria, operativas en niveles diferentes de la estructura del
Estado”.
-También se necesita perfeccionar el Estado de derecho fortaleciendo
las garantías del principio de legalidad y las garantías de los derechos
fundamentales a través de un Poder Judicial independiente y autónomo.
Por último, se requieren nuevas instituciones protectoras de derechos
fundamentales y derechos humanos, como la Defensoría del Ciudadano.
-¿Cuáles son esos derechos sociales que ustedes le propusieron a
Bachelet y que deben plantearse o replantearse en una nueva
Constitución?
-Es necesario reconocer explícitamente el derecho al trabajo, que no lo
consagra la Constitución de 1980. Hay que reconocer el derecho de huelga
y darles posibilidad a los trabajadores para que negocien por rama de
actividad. La Constitución tiene que favorecer la organización social.
Al principio de la transición, junto con la despolitización, en nuestro
país se produjo la desactivación del movimiento social y los
trabajadores. Es clave que haya un equilibrio mínimo entre capital y
trabajo. La Constitución tiene que dar las posibilidades de ese
equilibrio.
-¿Cómo se consagran derechos que son el espejo de la desigualdad en Chile, como la Educación?
-Se requiere un rol muy potente de parte del Estado para tener una
educación universal, integrada, de calidad, pública y laica. Eso no
quiere decir que privados no puedan cooperar con los cometidos estatales
en materia de educación. No se trata de una publificación forzosa de la
educación. Se trata simplemente de que el Estado asuma que a él le
corresponde asegurar la universalidad, integración y calidad en la
educación preescolar, básica, media, técnica, superior y universitaria.
-Y en cuanto a otros derechos fundamentales… ¿Cuáles tienen prioridad en la propuesta?
-Se hace esencial una potente intervención del Estado en el tema de la
salud y previsional. Y la Constitución debe garantizar esas
obligaciones.
-¿De qué forma?
-Por ejemplo, la propuesta de AFP estatal. Esta incide de muchos modos
en el ahorro previsional de los ciudadanos y en las pensiones futuras.
Realmente constituye una gran industria del “abuso”, como se la denomina
recientemente, que tú tengas administradoras de pensiones que te cobren
altas comisiones independiente de si esos fondos rentan o no. Es un
negocio seguro. En el campo de la salud previsional no es posible que
haya contratos en los que las Isapres se impongan sobre los usuarios y
definan condiciones bajo las cuales otorgan prestaciones de salud y sus
precios. Y a mayor abundamiento se produzca integración vertical.
Insisto. Tanto el
Congreso Nacional como la asamblea constituyente son espacios
institucionales. El primero, del poder constituyente derivado. Y el
segundo, del poder constituyente originario. Ambos son democráticos. Si
el primer hito del camino institucional es el Congreso Nacional es
porque existe aún confianza en las instituciones del poder constituyente
derivado, y en la altura de miras de la clase política. Por ello, de no
prosperar la vía reformista en los plazos que se definan, habrá que
recurrir a la vía institucional de la soberanía del pueblo expresada en
asamblea y referéndum constituyentes.
-¿Pero de qué forma específica se protege a los ciudadanos
constitucionalmente de este negocio que ha sido rentable durante
décadas?
-En la Constitución de 1980 encuentra cobertura la industria del abuso
porque tiene exigencia de leyes de supermayorías. Si quieres crear una
AFP estatal, la ley exige que la creación de una empresa pública sea
mediante una ley de quórum calificado. Si quieres reformar la educación
requieres de Ley Orgánica Constitucional, porque así lo exige la
Constitución vigente. Si quieres introducir en el ordenamiento legal un
régimen distinto en cuanto a explotación minera o pública, vas a
requerir leyes de quórum especial. Y eso hace, desde el punto de vista
político-institucional, muy importante suprimir las leyes de quórum
especial y restaurar la tradición repúblicana.
-¿Cómo se hace eso si no existe un apoyo político transversal y el problema vuelve al mismo punto de origen una y otra vez?
-El apoyo político transversal a que se refiere la pregunta
aquilata en el resultado electoral, parlamentario y presidencial, y en
el programa que aglutine a la Nueva Mayoría; sin perjuicio que la
legislación que se dicte para cumplir este programa debe ser fruto de la
deliberación pública, representación política y de los acuerdos que se
logren en el Congreso Nacional.
Zúñiga comenta que la propuesta también contempla el reconocimiento
constitucional de los pueblos indígenas, su lengua, tradiciones,
costumbres, y derechos. También se reconocen los procedimientos de
participación y consulta de estos pueblos originarios.
La descentralización del poder propuesta, es un eje central de una
nueva Constitución. “Esta permite conformar un nuevo Estado Regional,
dotado de recursos económicos propios para el desarrollo de la región.
Se conservan los intendentes como autoridades sólo de gobierno, pasando
el Presidente Regional, autoridad elegida, a desempeñarse como el Poder
Ejecutivo de la región. Al mismo tiempo, se abren nuevos cauces de
participación ciudadana a nivel regional y local, especialmente a través
de referéndum y consultas”, explica Zúñiga.
LOS RECURSOS y LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Es un tema que Michelle Bachelet ha comentado en su entorno cercano y
que también comunicó al Partido Comunista cuando sus dirigentes
llegaron hasta la sede de su comando, en calle Tegualda, a expresarle el
apoyo de la colectividad: la idea de ir tras los recursos naturales.
“Es muy importante reforzar la función social del derecho a
propiedad. Reconocer la necesidad de que las aguas sean de dominio
público y finalmente que el Estado pueda eventualmente establecer
regalías o derechos a la explotación de los recursos naturales de
dominio público”, dice Zúñiga.
-¿Es una nacionalización del agua?
-Algunos lo han denominado así. En el fondo, lo que se requiere es
llevar a la Constitución una definición básica de dominio público de las
aguas, que hoy está presente tibiamente en el Código de Aguas, y por
tanto es el Estado el que va definir de qué forma se explota por parte
de privados el recurso hídrico, sean derechos consuntivos o no
consuntivos y el tipo de gravámenes al que se encuentra sometido.
-¿Qué va a pasar con las empresas que se quedan con grandes cantidades de agua en desmedro de los habitantes, como las mineras?
-Hay muchas consecuencias prácticas que derivan de la publificación del
agua como del dominio público, pero le va a corresponder al legislador
democrático definir en su momento cuáles son esas consecuencias. Hay
muchos recursos naturales que podrían estar sometidos a un régimen, por
ejemplo, de regalías, como ocurre en otros países. Más aún en un país
donde la explotación de
commodities es tan significativa.
-¿En cuanto a las reformas institucionales hacia dónde se debe apuntar?
-Tienen un lugar importante, porque Chile tiene que perfeccionar su
régimen político democrático y tiene que ser capaz de suprimir esas
leyes de supermayoría que se han transformado en una camisa de fuerza,
porque aquí en el debate se han puesto ejemplos que son un despropósito.
Se ha dicho que hay leyes de supermayoría que existen en otros países… O
sea, sí existen leyes de supermayoria en otros países como Francia y
España como ejemplo, estas provienen de una Constitución aprobado por el
demos, de la soberanía popular, no de una dictadura. Más aún
las leyes orgánicas, que en su gran mayoría fueron dictadas antes de
marzo de 1990 por la junta de gobierno, son una prolongación legislativa
de la voluntad de un régimen autoritario que terminaba. Por tanto son
leyes de amarre.
-Hay quienes piensan que otro de los debates importantes tendrá que ver con el cambio del régimen político.
-El régimen político y sus opciones: régimen presidencial moderado y
régimen semipresidencial, están actualmente en estudio en el Equipo
Constitucional. Con todo, la idea de reformar el régimen político es
afianzar su democratización y lograr eficiencia en la acción gubernativa
y administrativa con la finalidad de garantizar gobernabilidad;
superando la lógica del “presidencialismo minoritario”.
-En cuanto a la fórmula para conseguir los cambios
constitucionales Bachelet no descartó una asamblea constituyente, pero
habló de una vía institucional… ¿Cómo se lleva por esta última vía una
reforma profunda con las trampas que tiene la Constitución?
-En relación a lo dicho por la candidata presidencial Michelle
Bachelet sobre la vía o procedimiento a emplear para obtener una Nueva
Constitución, la “vía institucional” significa situar en el Congreso
Nacional la operación constituyente para que, vía reforma total de la
vieja Constitución, se reemplace ésta por una Carta legítima,
democrática y eficiente. De no prosperar esta vía reformista, siempre
institucionalmente, la operación constituyente tiene previsto el recurso
de la soberanía del pueblo que se expresa mediante una asamblea
constituyente y un referéndum constituyente. Este camino debe estar
fundado en cuatro características basales: institucional, con
participación de la ciudadanía, con representación política de la
ciudadanía e incorporando nuestra historia y tradición republicana. En
esta perspectiva tanto el Congreso Nacional como la asamblea
constituyente son espacios institucionales de deliberación pública,
representación política y de participación indirecta o directa de la
ciudadanía.
-Con falta de acuerdo político es obvio que el camino final será una asamblea…
-No me parece obvio desahuciar de antemano la vía institucional,
equivale a desahuciar de antemano, demonizando, a la asamblea
constituyente. La vía institucional tiene un primer hito en la reforma
total de la vieja Constitución. La reforma total es una vía
institucional que traslada al Congreso Nacional una enorme tarea que
exige abrir cauces a la participación ciudadana y una aproximación
patriótica, con alturas de miras y visión de país de la clase política. A
mi juicio, el eje del debate debe estar en la nueva Constitución y sus
contenidos institucionales, que superen la crisis de representatividad y
legitimidad de las instituciones. Una nueva Constitución no puede ser
impuesta por una parte de la sociedad, sino fruto del pacto o compromiso
y de un verdadero consenso institucional.
-¿Qué le parece a usted la opción del decreto lanzada por Atria? ¿Cuál era su viabilidad?
-En mi calidad de coordinador del Equipo Constitucional del
programa de la candidatura Bachelet no me corresponde opinar sobre la
idea del decreto de Atria y su viabilidad.
-¿
Qué le parecen las declaraciones que algunos han denominado
campaña del terror, como las del ministro de Hacienda en torno al
vínculo de la asamblea constituyente con la economía del país?
-Me parece que las campañas del terror recrean un escenario que ya vivimos. Es una suerte de
déjà vu.
Durante el plebiscito del Sí y el No se dijo por parte del régimen
autoritario y de sus corifeos civiles o rostros visibles, que votar por
el No en Octubre 1988, era votar por la anarquía, el desorden y el
desgobierno. En el escenario de hoy algunas de estas mismas caras
visibles de la campaña del Sí, incluido el ministro de Hacienda, reponen
esa misma lógica: la del desgobierno o de la ruina económica; todo lo
cual resulta francamente delirante. Incluso algunos personeros de
derecha más reaccionarios han amenazado incluso con un escenario de
Golpe de Estado. Realmente es una pendiente que no termino de
explicarme, porque demonizar la asamblea constituyente es absurdo. Es
demonizar un procedimiento democrático, empleado en diversos países de
América Latina y de Occidente para establecer constituciones duraderas, y
que son sustento de regímenes democráticos.
-¿
Por qué le teme tanto la elite a la asamblea constituyente?
-Una parte significativa de la elite le tiene temor a la asamblea
constituyente. Es un temor infundado que deriva del desconocimiento, el
prejuicio y también del desempoderamiento que importa todo
procedimiento democrático que recurre a la soberanía popular. En este
temor de parte de las elites se observa cierta
transversalidad. Paradójicamente también una defensa “purista” y a
ultranza de la asamblea constituyente que la transforme en una suerte de
fetiche, contribuye a su demonización o a su estereotipo, que le hacen
un flaco servicio a la finalidad de alumbrar una nueva Constitución para
la república. Insisto. Tanto el Congreso Nacional como la asamblea
Constituyente son espacios institucionales. El primero, del poder
constituyente derivado. Y el segundo, del poder constituyente
originario. Ambos son democráticos. Si el primer hito del camino
institucional es el Congreso Nacional es porque existe aún confianza en
las instituciones del poder constituyente derivado, y en la altura de
miras de la clase política. Por ello, de no prosperar la vía reformista
en los plazos que se definan, habrá que recurrir a la vía institucional
de la soberanía del pueblo expresada en asamblea y referéndum
constituyentes.
Alejandra Carmona
Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/06/13/de-no-prosperar-la-via-reformista-habra-que-recurrir-a-la-via-institucional-de-la-soberania-del-pueblo/
