LOS CIUDADANOS LA LLEVAN

Articulo enviado por Rossana Dresdner (*)

La irrupción ciudadana que se ha tomado la agenda social y política de numerosos países en todo el globo, tiene dos características principales: el distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones políticas que los representan, y la presencia de las nuevas tecnologías de comunicación como una herramienta de coordinación, información y articulación de la organización.

Chile no es excepción. Las encuestas de opinión reafirman reiteradamente el distanciamiento de los chilenos ante las instituciones que deben representarlos, como el Parlamento, el Gobierno y los partidos políticos, entre otros.

A la vez, las multitudinarias manifestaciones ciudadanas generadas en torno a diferentes temas, han tenido a las redes sociales como principal articulador y espacio de información, difusión y debate. Así ha sido en Educación, contra las represas en la Patagonia, en Punta de Choros, en Aysén, y también otros temas locales como el mall de Castro y el proyecto del mall en el Muelle Barón de Valparaíso.

Pero, en este contexto, ¿qué es realmente la Participación Ciudadana? ¿Cómo se genera? ¿De qué manera de canaliza? ¿Cómo se transforma en un proceso virtuoso, en el sentido de tener resultados? La verdad, no sabemos mucho. Porque es un fenómeno reciente y porque, hasta hace poco, nadie se preocupaba demasiado del tema.

En nuestro sistema democrático –como en la mayoría–, la participación de la ciudadanía se limita a la elección de Presidente, parlamentarios y autoridades locales, cada cierto período de tiempo. No está contemplado consultar a los ciudadanos en los temas país y, por tanto, la Constitución no considera un mecanismo de ese tipo a nivel nacional. Para eso están los representantes de la ciudadanía.

Pero ¿qué ocurre cuando la ciudadanía no se siente representada por sus instituciones ni por quienes las integran? ¿Y cuando no encuentran canales para comunicar a estas autoridades lo que piensan? Lo de Aysén es un ejemplo dramático de aquello.

Uno de los principales desafíos de la democracia moderna es, justamente, generar los espacios que permitan a la ciudadanía opinar sobre los temas que los atañen, y los mecanismos que posibiliten que esa opinión se traduzca en políticas concretas de desarrollo.

Y una de esas herramientas son las consultas ciudadanas. Y ya tenemos tres experiencias: el Plebiscito Nacional por la Educación, la Consulta por la Ley de TV Digital y la reciente Consulta Nacional sobre Reconstrucción. Y cada una de ellas nos ha entregado antecedentes concretos acerca de la participación ciudadana.

El primero es que la ciudadanía no tiene información sobre los temas que la involucran. Ésta sólo llega si ése tópico logra integrar la agenda de los medios. Como ocurrió con Educación, Reconstrucción y ahora, con Aysén. Pero, también en esos casos, se trata de una cobertura “mediática”, entendido esto como superficial y sin acceso a datos que efectivamente permitan a los ciudadanos formarse una opinión sobre el tema.

La segunda es que la ciudadanía, cuando efectivamente se le da la posibilidad de participar con su opinión, no sólo quiere hacerlo, sino que además agradece la oportunidad de entregar su parecer responsablemente.

Y la tercera, es que las autoridades, al parecer, no están preparadas para recibir e incorporar la opinión ciudadana. Porque, en las tres consultas mencionadas, no han siquiera comentado la información que las organizaciones ciudadanas les han hecho llegar.

En el caso Educación, La Mesa Social por la Educación entregó los resultados al Ministro Chadwick. No hubo respuesta, ni siquiera comentario sobre enorme interés de la ciudadanía (1,5 millones de personas) por entregar su opinión sobre el tema. En la Ley de TV Digital, la Mesa Ciudadanía y TV Digital, entregó los resultados al Ministro Errázuriz y al Subsecretario Atton. Y la semana pasada estas organizaciones se enteraron que durante el verano el Gobierno modificó el proyecto de Ley, dejando fuera todas las indicaciones de la ciudadanía. Y, en el caso de Reconstrucción, la Red de Organizaciones Pro Reconstrucción ni siquiera fue recibida por autoridad alguna y tuvo que dejar los resultados en la Oficina de partes de La Moneda.

Hay dos posibilidades: o las autoridades piensan que la opinión de la ciudadanía es irrelevante, o piensan que es un acto político destinado a debilitarlos. Y ambas son peligrosas, porque uno de los principios de la democracia es la participación de los ciudadanos en las decisiones que involucran el desarrollo de su país. Entonces, si las máximas autoridades piensan que aquello o es irrelevante o es un mero acto político, es el país, ese sistema democrático, el que está en problemas.

Y algo de eso es lo que hoy estamos viendo en Aysén y Calama; en Educación y pronto en Salud. La ciudadanía ha madurado. Ahora es el turno de las autoridades.

(*) Rossana Dresdner es Directora Ejecutiva de Voto Ciudadano