En
ninguna democracia llamaría la atención que la mayoría se exprese. Ello
ocurre en Chile, porque parte de la oposición se resiste a creer que
perdió el veto que la Constitución le prodigó en muchas materias.
LA
TRANSICION chilena tuvo caracteres muy propios. La incertidumbre del
retorno a la democracia en el marco de una institucionalidad
autoritaria, hecha para que “si llegan a gobernar los adversarios, se
vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo
anhelaría”, como dijo un ideólogo de la dictadura, delinearon un debate
político con marcada tendencia al consenso.
Un
cuarto de siglo después, los estudiantes expresaron su disconformidad
con la sociedad construida posrégimen militar y señalaron que aspiraban a
una más igualitaria, partiendo por una educación gratuita y de calidad,
y sumaron en ese reclamo a gran parte de la opinión pública.
Ello
abrió un nuevo ciclo político y sentó las bases para transformaciones
profundas. La Nueva Mayoría plasmó esas aspiraciones en un programa y la
ciudadanía lo respaldó ampliamente en la elección presidencial y
parlamentaria.
El
Ejecutivo ha empezado a concretarlo, cumpliendo las medidas urgentes e
ingresando ya, a menos de dos meses de entrar a La Moneda, la reforma
tributaria y el cambio del binominal. RN y la UDI han acusado el retiro
de ciertos proyectos y el rápido avance de la propuesta impositiva,
calificándolos como una “aplanadora”.
En
ninguna democracia llamaría la atención que la mayoría se exprese. Ello
ocurre en Chile, primero, porque parte de la oposición se resiste a
creer que perdió, en muchas materias, el veto que la Constitución le
prodigó. Y, segundo, porque los ejes de la discusión estuvieron por años
corridos hacia la derecha. Ello explica que algunas reformas razonables
en cualquier gobierno de centroizquierda acá se caricaturizan como si
provinieran de un régimen extremo.
En
lo puntual, el retiro de proyectos no es nada anómalo. Es evidente que
ante un cambio en la orientación del Ejecutivo, muchas iniciativas
anteriores pierden sentido. Esto ocurre de manera automática en los
parlamentos de Estados Unidos o Gran Bretaña.
También
ocurrió en la administración Piñera, donde varias decenas de proyectos
no se siguieron tramitando, como la reforma constitucional sobre el
agua, el Código Procesal Civil o las elecciones primarias. Algunos, como
los dos últimos, fueron reingresados tras un análisis, mismo estudio
que se ha dicho que se hará ahora.
Cabe
recordar que el gobierno pasado fue inflexible, particularmente en
materia financiera. Hasta el último presupuesto se conformó con el apoyo
de un par de parlamentarios díscolos o independientes y se negó a
acuerdos más amplios.
Respecto
del ritmo de trámite de las iniciativas, se asume la brevedad del
período y la magnitud de los desafíos, más aún respecto de una reforma
tributaria donde debe minimizarse la incertidumbre.
No
estamos frente a aplanadora alguna, sino frente a una coalición que ha
comprometido un programa de transformaciones profundas y que está dando
señales de querer cumplirlo.
Lo
anterior no significa que no haya espacio para dialogar. El Congreso es
por esencia un lugar para atender buenos planteamientos -como de hecho
ha ocurrido-, siempre que éstos no pretendan desfigurar lo que los
electores sancionaron en las urnas, y entendiendo que en democracia
prima la regla de la mayoría.
fuente:La tercera 11.5.14
