La
vía judicial iniciada por Bolivia en La Haya por medio de la cual solicita a la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se obligue a Chile a negociar “de
buena fe” una salida soberana al mar para el país altiplánico, no es más que una
callejón que lleva a ambos países a enclaustrarse en argumentaciones que, en
lugar de allanar el camino, acrecientan la desconfianza, el recelo y un diálogo
de sordos.
Esta
semana la demanda boliviana encontró una primera respuesta formal del gobierno
chileno. La Presidenta Bachelet anuncio que Chile impugnará la competencia del
tribunal para abordar una materia resuelta por el Tratado de 1904 que
estableció los límites entre los dos países, por ser éste un acuerdo anterior a
la existencia de la CIJ y anterior al Pacto de Bogotá de 1948 que entregó
jurisdicción a la CIJ.
Si
bien la demanda boliviana es antigua, la historia reciente de la controversia
se remonta a los gobiernos de Ricardo Lagos y la primera presidencia de
Michelle Bachelet. Después de muchos años en que la diplomacia chilena se
negaba a conversar el tema marítimo con Bolivia, se inició un camino de
negociación que tenía en la agenda el tema del acceso al mar. Fue a partir de
una reunión de Cancilleres en Algarve, Portugal, el 22 de febrero de 2000, cuando
ambos países acordaron iniciar un diálogo “sin exclusiones” y establecieron la
llamada “Agenda de los trece puntos” que incluía el tema marítimo. Pero hasta
la llegada de Sebastián Piñera a la presidencia, con la derecha en el gobierno
chileno en 2011 la Cancillería de Santiago le puso paños fríos a esta
negociación, dando pie a que en Bolivia los partidarios del camino del diálogo
bilateral perdieran la partida y se impusiera la tesis de internacionalizar el
tema llevándolo a la CIJ en La Haya.
El
regreso de Bachelet a la presidencia de Chile abrió brevemente la esperanza de
que se retomara el diálogo directo con Bolivia pero – como algo lógico para
negociar “de buena fe” – era condición necesaria y previa que La Paz
suspendiera la tramitación de la demanda presentada en La Haya. El presidente
Morales encajonado en una escalada verbal y legal no tuvo espacio para hacer ese
gesto de buena voluntad que permitiera retomar el diálogo bilateral directo y
mantuvo la decisión de litigar en la Corte Internacional de Justicia.
Al
igual que en el diferendo sobre el límite marítimo con Perú, Chile se ve
nuevamente embarcado en un litigio ante la Corte en La Haya contra su voluntad.
Seguimos
enredados en las consecuencias de los conflictos del siglo XIX. Las secuelas de
las guerras dictadas por los intereses europeos (ingleses) en la región siguen
pesando en la política internacional del siglo XXI. En lugar de mirar hacia el
futuro y abrir la puerta a la potencialidad de la integración, persisten las
ideas que priorizan la cantidad de metros cuadrados de territorio soberano por
encima de la suma de fuerzas con los países de la región para proyectar los
intereses nacionales a nivel global. Muchas veces hemos escuchado que América
latina solo podrá hacer valer sus opiniones en el concierto internacional
actuando unida, pero cuando llega el momento de sumar aparecen las ideas
conservadoras que prefieren que todo siga igual antes que abrir puertas a la
integración.
Cualquier
pensamiento informado y objetivo estará de acuerdo que ambos países saldrán de
perdedores en la CIJ.
Por
una parte, ningún tribunal internacional podrá poner en cuestión un tratado de
límites en pleno vigor. Aunque Bolivia haga muchas fintas en la Corte para
decir que el Tratado de 1904 no está en cuestión, pedir que se obligue a Chile
a negociar una salida soberana al mar no es otra cosa que disparar bajo la
línea de flotación de ese Tratado. Eso es lo que el gobierno chileno está
poniendo en evidencia al cuestionar la jurisdicción de la CIJ para ver el caso.
Pero,
por otra parte, la CIJ, como lo demostró en la controversia sobre la frontera
marítima entre Chile y Perú, tiene un grado de creatividad que va más allá de
lo que dicen las leyes internacionales y lo más probable es que Chile se
encuentre al final del procedimiento con un dictamen que le limita su capacidad
de negociación.
Bolivia
tiene un punto a su favor en el argumento de los “derechos expectaticios”.
Efectivamente diversos gobiernos chilenos han puesto sobre la mesa de
negociaciones ofertas de salida al mar para Bolivia, pero ninguna de esas
ofertas ha sido un acto unilateral que cree obligaciones para el Estado chileno,
siempre han sido parte de una negociación, es decir, solo válidas con el
acuerdo de todas las partes. Las expectativas bolivianas son legítimas pero no
son un derecho ni una obligación para Chile.
Pero,
en esta ecuación, también se puede dar la lectura inversa. Ambos países ganarán
algo en la Corte de La Haya. Chile probablemente saldrá con la certeza de que
el Tratado de 1904 no puede ser revisado por decisión unilateral ni por orden
de un tribunal internacional. Por su parte Bolivia probablemente obtendrá
alguna forma de respaldo institucional de la CIJ para su demanda de
negociaciones por una salida soberana al Océano Pacífico.
En
lo que estamos seguros es que la CIJ no será capaz de resolver el verdadero
problema de Bolivia. Desde antes de la Guerra del Pacífico el puerto de Arica –
entonces bajo soberanía peruana – era la salida natural de Bolivia al mar, por
allí se realizaba su comercio y el tránsito de personas. Como resultado de la
guerra se traspasó la soberanía de Arica a Chile con la restricción de que cual
cesión de ese territorio a un tercer país tiene que ser con el previo acuerdo
peruano. Es decir, ahora la aspiración
boliviana de tener ese puerto se encuentra con un doble problema. Hoy cualquier
salida al mar con soberanía boliviana en esa zona requiere el visto bueno de
Perú, pero esa condición no ha sido considerada por Bolivia en su demanda a la
Corte de La Haya.
Lo
que corresponde a una diplomacia moderna es poner todas las variables del
problema sobre la mesa, considerar cuales son los intereses estratégicos, de
largo plazo, de las partes en conflicto y buscar una solución que le permita
ganar a todos. Lo que está en juego es la proyección de América del Sur hacia
el Asia a través del Océano Pacífico y ningún país de la región quiere verse
excluido. Chile ha hecho de esa proyección un política y trata de jugar un
papel importante en el encuentro de Sudamérica con Asia, ha promovido los
corredores transoceánicos y se ofrece como país puente entre ambas regiones.
Perú hace algo similar y, con justa razón, Bolivia quiere ocupar un lugar en
ese proyecto. Lo que está más que claro es que hay espacio para todos, ningún
país sudamericano es capaz por si solo de responder a los desafíos y las
oportunidades que se desarrollan en Asia.
En
forma secundaria están sobre la mesa de negociación las ventajas potenciales
que se ofrecen al norte chileno con el acceso a la energía y a los recursos
hídricos que dispone Bolivia. En resumen la región norte de Chile, el sur de
Perú y el Occidente boliviano tienen un destino común en la integración que
permita superar los resabios del siglo XIX mirando hacia el futuro.
Todo
indica que el pleito en la CIJ de La Haya es un camino sin salida, mucho más se
podrá avanzar cuando la diplomacia sea capaz de sentar en torno a una mesa a
bolivianos, chilenos y peruanos para conversar sobre el futuro que se abriría
sumando esfuerzos y convirtiendo a Arica y Tacna en símbolos de integración
trinacional. 14/6/2014
