Democracia y desacuerdos

Ernesto Águila

LO PROPIO de una democracia, como forma de gobierno y procedimiento de toma de decisiones, es dirimir diferencias por la vía del principio de mayoría. Cualquier manual de ciencia política explica que la democracia no es una forma de gobierno de la unanimidad ni tampoco de uno o de pocos o de los mejores, sino, simplemente, de las mayorías. Esta cualidad de zanjar los disensos por una vía legítimamente aceptada por los involucrados es lo que la singulariza.

La mirada nostálgica hacia una etapa del país marcada por los consensos omite que gran parte de esos acuerdos fueron impuestos y se derivaron de la capacidad de la minoría -la derecha y sus ideas- de transformarse en mayoría parlamentaria por la vía, hasta el año 2005, de los senadores designados y por el dispositivo de quórum supramayoritario/binominal, hasta el día de hoy. La diferencia que va de ayer al presente está dada por el excepcional número de doblajes obtenidos por las fuerzas de centro y de izquierda en la última elección parlamentaria, situación que las ha dejado con una mayoría simple holgada y merodeando los quórum extraordinarios. En este sentido, no se debe perder de vista que el dispositivo contramayoritario que contiene nuestro sistema político aún no ha sido desactivado y todo indica que volverá a hacerse presente -el eterno retorno de “lo posible” de los últimos 25 años, no como criterio prudencial, sino como imposición de la minoría- en el contexto del próximo debate educacional y constitucional.

Desde las filas opositoras, y también desde sectores oficialistas que se sienten más cercanos al ethos de lo que fue la Concertación que a la Nueva Mayoría, se reclama diálogo y consenso. Conviene  distinguir ambos aspectos. El diálogo sí es consustancial a la democracia y una mayoría electoral debe promoverlo y practicarlo. En el marco actual, ello implica dialogar con la oposición parlamentaria, pero también con los actores y movimientos sociales. En democracia, parafraseando a Habermas, la única “coacción legítima” es la del “mejor argumento” y este hay que salir a buscarlo a través del diálogo. Algo distinto ocurre con los consensos: estos pueden ser el resultado de un proceso deliberativo, pero no son obligatorios ni parte de la esencia de la democracia, menos aún en un sistema institucional concebido para que una minoría ejerza su poder de veto y cogobierne desde la penumbra de su sobrerrepresentación parlamentaria.

Mitificar una etapa del país en que los consensos se impusieron por la precariedad democrática de los primeros años de la transición y por una institucionalidad que impedía, y sigue impidiendo, la expresión plena de la soberanía popular, es tratar de hacer de la necesidad una virtud e implica asumir peligrosamente una lectura histórica que legitima y proyecta como ejemplar para el presente y el futuro, una fase política del país marcada por el carácter restringido y tutelado de la democracia. Que las mayorías hoy ejerzan como tales y sean estas y no los consensos forzados los que gobiernen, no es sinónimo de polarización o crispación política, como se ha venido diciendo sino, simplemente, expresión de normalidad democrática.

Fuente:
LA Tercera

EXCELENTE ARTICULO: Programas y expectativas

Todo indica que la experiencia cotidiana con las soluciones privadas y de mercado no se experimenta como ejercicio de la libertad, sino como abuso.

por Ernesto Aguila - 

UNA LECTURA más detenida de las recientes encuestas de la UDP y del CEP permite constatar que se ha producido una lenta pero profunda “transición por abajo” en la opinión pública chilena: las soluciones privadas y de mercado para problemas que involucran derechos sociales se encuentran muy cuestionadas y, en consecuencia, se ha producido una significativa revalorización de lo estatal-público; se ha fortalecido una visión más liberal en temas relativos a la moral individual y hay apoyos claros para una reforma tributaria y política.

No deja de sorprender, considerando la poca relevancia que estos temas tienen en el espacio público y en la conversación de la elite, que:
85% de los encuestados sea partidario de reducir la desigualdad salarial;
67% apoye una reforma tributaria;
81,2% una AFP estatal; 
74% esté de acuerdo con “priorizar una educación universitaria gratuita”;
80% respalde una (re)nacionalización del cobre;
82,6% esté por la creación de una red de farmacias públicas; 70% prefiera que el Estado se haga cargo del transporte público;
53% apruebe la idea de que los colegios particulares subvencionados pasen al Estado;
sólo un 27,9% opine que las isapres deban seguir siendo privadas. 
63% está por la despenalización del aborto terapéutico y en caso de violación.

En reformas políticas, en una escala de 1 a 7, una nueva Constitución obtiene un 5,5; la reforma del binominal, un 5,4, y la revocabilidad de los cargos de elección popular, un 5,8.

¿Qué implicancias tiene esta “transición” de la opinión pública, particularmente para la derecha y para la Nueva Mayoría? ¿De qué manera impacta sus programas y cómo actúa sobre las expectativas?
Para la derecha, el panorama es simplemente desolador: los temas y sensibilidades expresadas en estas encuestas están completamente ausentes de su propuesta programática actual o, cuando aparecen, contradicen lo que piensa la mayoría. Todo indica que la experiencia cotidiana de las personas con las soluciones privadas y de mercado no es experimentada como un mayor ejercicio de la libertad personal, como teoriza la derecha, sino más bien como una vivencia de abuso y exclusión. Se trata de algo más empírico que ideológico. Se habla de un big bang poselecciones en la derecha, aunque también puede prevalecer una visión más ortodoxa e inmovilista; algo así como “si la ideología no funciona en la realidad…, mala suerte para la realidad”.

Por su parte, la Nueva Mayoría avanza con ventaja porque su propuesta programática se encuentra más en sintonía con el actual estado de opinión pública. Sin embargo, su desafío es cómo dialogar con las altas expectativas de cambio que estas preferencias expresan. Cómo construir una práctica participativa y un relato del cambio que establezca una creíble complicidad y corresponsabilidad con la sociedad y los actores sociales, que los reconozca como sujetos políticos y que permita concordar los tiempos históricos en los que se pueden alcanzar estos objetivos y anhelos profundos de transformación. Estos días finales de campaña pueden ser clave en la construcción de ese relato y de esas confianzas.

FUENTE:  http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2013/11/895-550314-9-programas-y-expectativas.shtml

BACHELET EN CAMPAÑA

 Un empantanamiento de las promesas duras de su campaña, con una ciudadanía convertida en espectadora, puede llevar a una rápida pérdida de confianza.

por Ernesto Aguila - 23/10/2013 

SI LAS elecciones consisten en ganarlas, ¿se puede criticar una campaña como la de Michelle Bachelet que avanza sin contrapesos hacia el triunfo en primera o segunda vuelta? Sí, porque las elecciones son, también, momentos en que se juega la construcción de la identidad de un proyecto y de las fuerzas políticas y sociales que le darán sustento y viabilidad, no sólo para hoy o para un próximo gobierno, sino, en este caso, para un nuevo ciclo político-histórico.

Hay algo en la estrategia y en el discurso de campaña de Bachelet que hace que promesas de cambio tan trascendentes como una nueva Constitución, una reforma estructural en educación o un cambio tributario profundo no se instalen sólidamente y, por momentos, tiendan a evaporarse. ¿Por qué ocurre esto? Por algo que puede parecer curioso: la campaña y el discurso de Bachelet hablan poco o nada de las dificultades. Sí, de las grandes dificultades que implica producir los cambios que se anuncian, de los intereses que hieren, de los poderosos obstáculos a remover. Se habla poco acerca de “ese mañana duro que tendremos por delante”, para decirlo con esa frase que Allende pronunciara al momento del triunfo, el año 70.

Quizás se habla poco de las dificultades porque no se apela, o se hace en voz muy baja, a una sociedad que busca constituirse en “sujeto político”. No existe un llamado a los ciudadanos a organizarse y a participar, no se los interpela como corresponsables de los cambios por venir. Se coloca toda la responsabilidad de producir esos cambios en la propia candidata que, de esta manera, establece con la ciudadanía una relación de empatía, pero asimétrica, distinta de esa más horizontal sugerida por Allende en frases como: “Sólo soy un luchador social que cumple la tarea que el pueblo me ha dado”.

En este esquema en que la viabilidad de los cambios se coloca exclusivamente en manos de la candidata y en su credibilidad, puede parecer que el programa importa poco. La Nueva Mayoría, que agrupa desde liberales a comunistas, pasando por socialcristianos, socialdemócratas y socialistas, debe ser la alianza política más amplia en la historia del país. Bajo tal diversidad, la unidad no es en torno a doctrinas, sino a un programa. Por lo que el retrasado programa sigue siendo central como señal de transparencia, de vínculo y traspaso de poder a la ciudadanía.

¿Se ganará algún voto hablando de las dificultades, del “mañana duro”, de la fidelidad a un programa, concediendo menos al lenguaje publicitario, tratando a los ciudadanos más como “sujetos” que como “audiencias”? Quizás no, pero ayudaría a construir confianzas con una sociedad que quiere ser más actor que espectador -la diferencia entre votar por un candidato a sentirse luego parte de su gobierno en las duras y en las maduras-, cuestión que puede resultar decisiva en una institucionalidad política constreñida y, para ciertos temas, bloqueada a los cambios como la nuestra. Un temprano empantanamiento de las promesas duras de campaña de Bachelet, con una ciudadanía convertida más en espectadora que en protagonista, puede conducir a una temprana pérdida de las confianzas y a una desilusión popular a poco andar de un próximo gobierno

FUENTE: http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2013/10/895-548287-9-bachelet-en-campana.shtml

Los dos plebiscitos

El de 1988 fue percibido como un intersticio en el entramado institucional de la dictadura, mientras que el del 89 sirvió para condicionar la fisonomía de la transición chilena.

por Ernesto Aguila - 09/10/2013 -

¿HA ENVEJECIDO bien el plebiscito del 88? Se podría decir que sí, en tanto no se conoce a nadie que esté arrepentido de haber votado por el No (no se puede decir lo mismo de quienes votaron por la otra opción) y porque, objetivamente, constituyó una derrota política para la dictadura, particularmente para Pinochet, y dio inicio a nuestra singular -más que ejemplar a estas alturas- transición a la democracia.

Para una oposición que salía dividida y derrotada del ciclo de las grandes movilizaciones sociales del 83-86, el plebiscito del 88 fue percibido como un intersticio en el entramado institucional de la dictadura, un pequeño e incierto espacio hacia donde dirigir la energía acumulada en las movilizaciones previas, las que habían entrado en una fase de declinación desde mediados del 86, en un “año decisivo” que no fue tal.

Para que el plebiscito del 88 pudiese transformarse en una herramienta democrática y dejara de ser un trámite en la perpetuación de Pinochet, fueron determinantes no sólo la organización y movilización que se lograron antes y durante el plebiscito del 88, sino también el peso en el imaginario de diversos actores políticos nacionales e internacionales de lo acontecido entre el 83 y el 86, y las posibilidades de salidas más rupturistas que quedaron allí latiendo.

Si bien es cierto que el plebiscito del 88 dio todo lo que podía dar, se debe reconocer que se ha ido adelgazando en su importancia histórica. Quizás porque su relato y estética se han ido circunscribiendo de manera excluyente a la restringida etapa 87-88, como porque se ha vuelto cada vez más apremiante responder con alguna solvencia por qué el triunfo del No del 88 no desembocó en una democracia plena, sino en una larga transición (donde lo transitorio se volvió permanente).

Al respecto, conviene traer a la memoria el “otro plebiscito”, el de julio de 1989. Un opaco plebiscito en el que se aprobaron 54 reformas constitucionales, con más del 90% de los votos. Dicho sea de paso, no se entiende por qué hoy sería tan disruptivo encauzar el debate constitucional por la vía de mecanismos de democracia directa como el plebiscito, si éste se ha usado anteriormente sin drama. ¿Pero qué ocurrió en ese olvidado y desaprovechado plebiscito del 89? En lo esencial, se eliminó el Artículo 8 de la Constitución, que prohibía las ideologías inspiradas en “la lucha de clases”, lo que mantenía ilegalizados al PC y al PS, y por el cual había sido condenado Clodomiro Almeyda por el Tribunal Constitucional, a fines del 87.

Sin embargo, este artículo ya estaba políticamente derrotado, su eliminación era más bien simbólica y no constituía una gran concesión. A cambio de ello, se subieron los quórums constitucionales y se acotó hasta anularlo el mecanismo del plebiscito contemplado en la Constitución del 80. Se entró así a la democracia de los 90 con el blindaje constitucional del modelo económico-social fortalecido y con el mecanismo plebiscitario neutralizado. En definitiva, con el plebiscito del 89 no sólo se afianzaron los cerrojos de la nueva institucionalidad, sino también se escondió la llave, condicionando con ello la fisonomía y el ritmo de la transición chilena.

http://www.latercera.com/noticia/opinion/2013/10/893-546139-9-los-dos-plebiscitos.shtml

Memorias confrontadas

Por ERNESTO AGUILA

Las violaciones a los derechos humanos tornan superflua, incluso obscena, una explicación contextual.

ES DIFICIL predecir cómo sedimentará en los ámbitos de la política y la cultura de nuestro país esta avalancha de imágenes, relatos, nuevas lecturas históricas, solicitudes de perdón y autocríticas (hechas y no hechas) que se han vivido a propósito de los 40 años del Golpe del 11 de septiembre de 1973.

Dos memorias aparecen especialmente confrontadas: una subsume el período de la dictadura -incluidas las violaciones a los derechos humanos que “obviamente” se deploran- en una explicación de contexto: el período de la UP, las razones del Golpe, los convulsionados años 60. Todos habríamos sido responsables de la “violencia” que nos llevó a una situación de desquiciamiento colectivo, o para usar la singular expresión del ministro Hugo Dolmestch, vocero de la Corte Suprema: “Todos habríamos soplado un poquito”. La otra memoria, por su parte, ve las violaciones a los derechos humanos como el hecho fundamental de nuestro pasado. No porque los contextos no sean importantes y no se requiera examinarlos, sino porque en el caso de las violaciones a los derechos humanos se considera que se produce una ruptura moral radical entre los hechos y el contexto que obliga a una condena absoluta de los hechos, tornando superflua, incluso obscena, una explicación contextual. Nadie podría argumentar que Auschwitz no tuvo un “contexto”, pero se ha entendido de manera universal que lo que allí ocurrió fue de tal envergadura moral como para prescindir de una explicación contextual o de un debate sobre las “responsabilidades” de las víctimas.

¿Cuál de las dos memorias prevalecerá en Chile? No se sabe. Sólo sabemos que las memorias evolucionan, siempre hay varias en disputa, y que nada está asegurado de antemano en términos de memorias hegemónicas y subalternas. Hay memorias que alguna vez fueron dominantes y hoy aparecen residuales, pero al acecho: ya no se habla de “excesos” para referirse a las violaciones de los derechos humanos, aunque hace poco el ex ministro Carlos Cáceres ha recaído en el “negacionismo” al afirmar que las violaciones a los derechos humanos no fueron parte de una política de Estado entre 1973 y 1989.

Ahora se nos propone como memoria hegemónica algo más sofisticado: el insoslayable contexto. Se rebaja así el peso moral de lo ocurrido y, aunque se diga lo contrario, se busca “empatar”. Así, unos deberían pedir perdón por el contexto y otros por lo que ocurrió en dictadura. Se concede que se trata de hechos de distinta naturaleza, pero como todos “soplamos un poquito”... El perdón opera, aquí, como una “tecnología” que permite instalarse rápidamente en un país reconciliado que “mira el futuro”. ¿Y si lo esencial de ese futuro estuviera en lo no resuelto del pasado, en la condena unánime y definitiva de las violaciones a los derechos humanos que aún no ha llegado? Prueba de ello es el tibio mea culpa de la Corte Suprema. Se hubiese requerido un gesto de otra envergadura para hacerse cargo de los más de cinco mil recursos de amparo no acogidos sólo entre 1973 y 1983. ¿Cinco mil “omisiones”? Mejor ni cotejar la lista de las víctimas con esos recursos de amparo denegados. Vaya soplido el de la Corte Suprema en esos años.

 fuente: http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2013/09/895-542028-9-memorias-confrontadas.shtml

Dilemas en educación

Terminar con el copago en la educación particular subvencionada permite acabar con la segregación y hace realidad la libertad de elección.

por Ernesto Aguila -

ANDRES Allamand ha señalado que la propuesta de la ex Presidenta Bachelet de terminar, por un lado, con la posibilidad de lucrar, es decir, de marginar utilidad de la subvención pública y, por otro, con el financiamiento compartido en la educación escolar constituiría “un grave atentado a la libertad de enseñanza” y el “fin de la educación particular subvencionada”. Estas afirmaciones son tan ajenas a la realidad que uno se pregunta si él mismo las creerá o si sus dichos constituyen parte de esa imposibilidad de la derecha de articular un discurso político al margen del miedo.

En realidad, las propuestas de Bachelet son bastante acotadas y, más bien, uno podría preguntarse si van al fondo del asunto. Lo cierto es que terminar con el copago de las familias en la educación particular subvencionada -se ha dicho que de manera gradual- significa, simplemente, restituir la gratuidad en el sistema escolar. Con ello se elimina el hecho de que la entrada a uno u otro colegio esté determinada por la capacidad de pago de las familias, removiendo el principal factor que tiene a Chile entre los países con mayor segregación educativa en el mundo. También permite hacer realidad el proclamado principio de la libertad de elección de las familias: hoy no son las familias las que están eligiendo escuelas, sino que es el sostenedor privado el que está seleccionando a las familias según su capacidad de pago -y ya se sabe que una libertad cuando no la pueden ejercer todos, sino unos pocos, no es una libertad, sino un privilegio.
La segunda parte de la propuesta de Bachelet es terminar con esta rareza del modelo educacional chileno de permitir que se margine utilidad de la subvención pública en vez de invertirla íntegramente en el proyecto educativo. Ello implica que los colegios particulares subvencionados se transformen en instituciones sin fines de lucro. Una parte importante ya lo son y no se ve por qué este cambio podría constituir una amenaza a la existencia del sistema particular subvencionado. Por lo demás, ello mejoraría la eficiencia del uso de la subvención pública.

Las propuestas de Bachelet no tienen nada de revolucionarias y mantienen el sistema de provisión mixta -pública y privada- con fondos públicos. Incluso, puede ser vista como una manera de oxigenar un modelo deslegitimado. Si bien la propuesta de Bachelet plantea un cambio importante, no necesariamente va al fondo del asunto. ¿Y cuál es ese? El principio de subsidiariedad. Es decir, el dilema de si se va a seguir entendiendo el lugar de lo público como aquel que los privados no están en condiciones de ocupar -por lo que un particular no sólo tendría el derecho de fundar proyectos educativos, sino que el Estado tendría la obligación de subvencionarlo casi sin condiciones, como hoy sucede. Dicho de otro modo: si en el futuro lo privado -pagado o subvencionado- constituirá una particularidad que enriquece un sistema público concebido para todos y de excelencia, o bien lo público constituirá, como hoy, una “anomalía”, aquel lugar hasta donde lo privado aún no ha podido llegar. Son dos maneras radicalmente diferentes no sólo de entender la educación, sino de pensar la república.

Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2013/06/895-528933-9-dilemas-en-educacion.shtml

De Proyectos Pais y Programas de Gobierno- Grandes Lineas Estratègicas

Esta elección tiene más densidad histórica, y por eso se jugará más en el campo de los proyectos de país que en el de los programas de gobierno.

por Ernesto Aguila - 

(...) Por el cariz que está tomando esta campaña presidencial y los temas que empiezan a instalarse en ella     -nueva Constitución, reforma tributaria profunda, cambio del modelo educativo de mercado y revisión del sistema previsional, entre otros- se ve que esta elección se jugará más en el campo de los proyectos de país que en el de los programas de gobierno, más en las visiones de sociedad que en el terreno de los llamados “problemas concretos de la gente”.
 (...)
La mayor densidad histórica de esta campaña, sin duda, afecta a los candidatos en competencia de distinta manera y plantea desafíos estratégicos específicos a cada sector político. La más damnificada pareciera ser la candidatura de Golborne, a quien esta contienda de proyectos históricos deja fuera de contexto. Esto podría explicar la dramática descapitalización de su liderazgo, concebido probablemente bajo la errada hipótesis de que a la ex Presidenta Bachelet se la iba a tener que enfrentar en el terreno de las cercanías y simpatías, y no en un debate sobre visiones estratégicas de país.

A Andrés Allamand, por su parte, no le falta densidad histórica, pero le sobra conservadurismo. (...). Hasta ahora ha optado por ser el guardián de las esencias del modelo, y con ese techo político autoimpuesto no es mucho lo que puede hacer.

¿Y qué pasa con la izquierda y la centroizquierda en esta relación de proyectos históricos y programas? Se podría decir que a una parte de la izquierda le sobra proyecto pero le falta programa, y a la otra le sobra mirada corta, pero perdió la capacidad de pensarse a sí misma desde un proyecto estratégico de sociedad. Para esta última izquierda, volver a formular un proyecto  de cambios y ser capaz de actuar sin maximalismo, pero de manera tal que la ciudadanía perciba con nitidez que existe una relación entre lo que hoy se hace con un horizonte de largo plazo, parece ser una condición necesaria para volver a ser creíble.

Programa sin proyecto suele conducir a un pragmatismo de vuelo rasante, proyecto sin programa, a una acción básicamente testimonial. En todo caso, esta “dialéctica”  ya la resolvió mucho antes que la ciencia política una vieja canción mexicana cuando proponía que “para llegar al cielo se necesitaba una escalera larga y otra cortita”.

vER: lA tERCERA 24.4.2013

Gobernar sin desilusionar

La campaña de Bachelet, más que hacer promesas, debiera establecer compromisos, para sincerarse frente a un sistema estructuralmente bloqueado.

  Ernesto Aguila Analista político

LA EX presidenta y hoy candidata Michelle Bachelet tiene el doble desafío de ganar una elección y luego gobernar y no desilusionar. Ganar una elección es siempre difícil, pero no menos lo es poder hacer un gobierno que no defraude las enormes expectativas de cambio que hoy en día existen en el país.

Lo normal en una democracia es hacer un conjunto de promesas durante la campaña y luego ganar las elecciones e intentar cumplirlas. El bloqueo institucional -esa “jaula de hierro” del binominalismo y de los inalcanzables quórums de 4/7- impide o hace muy difícil, en nuestro país, que un presidente cuente con una mayoría parlamentaria suficiente para realizar su programa si este contempla transformaciones sustantivas.

Tal vez una campaña como la de Bachelet, más que hacer promesas, debiera establecer compromisos.  (...).

El problema de un eventual gobierno de Bachelet no es sólo definir un conjunto de propuestas programáticas, sino construir una estrategia que permita llevarlas a cabo. Lo otro es volver a gobernar desde un posibilismo rasante que termina por desfigurar, hasta volver irreconocibles, las propias ideas, valores e identidad. Y al final, ya se sabe, “la máscara se convierte en el rostro”, como diría Yourcenar.

Tratar de intervenir hoy en la realidad pasa, a lo menos, por dos factores bien concretos: por un lado, construir una lista parlamentaria altamente competitiva apostando todo a ese desconocido e incierto nuevo padrón electoral y, por otro lado, establecer una alianza con, y apoyarse en, esa sociedad más organizada y movilizada que ha emergido en los últimos años, particularmente a partir de 2011.

Lo primero significa construir una lista parlamentaria que incluya a todos los sectores sociales y políticos que estén por poner fin al sistema binominal, respetando los procesos de autonomía que reclaman diversos sectores, particularmente de la generación joven que desconfía del entramado político y partidario actual. La lista parlamentaria es el lugar donde debiera comenzar a fraguarse esa “nueva mayoría política y social” de la que se ha venido hablando.

Lo segundo es que, esta vez, se debe gobernar en sintonía con la voz y las energías que vienen de “la calle”. No se trata de hacer todo lo que allí se dice y se murmura, pero sí de construir una nueva relación de confianza. La sociedad debiera poder percibir que los cambios también dependen de ella. Gobernar sin desilusionar, en estos tiempos, quizás dependa, más que de realizar grandes ofertas de campaña, de intentar construir una relación radicalmente veraz con la ciudadanía.

http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2013/04/895-517949-9-gobernar-sin-desilusionar.shtml

La acusación al ministro Beyer

El escenario presiona a Michelle Bachelet a realizar quizás su primera promesa de campaña: poner fin al lucro en educación subvencionada y universidades.

por Ernesto Aguila -  

SI ALGUIEN quería colocar sobre la mesa todas las contradicciones que encierra el tema educacional hoy en la elite política chilena, el camino más corto era, sin duda, una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer. No sólo está implicado el mérito mismo de la acusación, sino que conlleva una evaluación de los gobiernos de la Concertación frente al tema y presiona a la ex Presidenta Bachelet a realizar quizás su primera definición fuerte de campaña: qué pasará con el lucro en la educación si regresa al gobierno.
(...)
El fuerte de la actual acusación constitucional radica en un conjunto de cartas y peticiones solicitando acciones fiscalizadoras que profesores de Derecho de la Universidad de Chile hicieron llegar a la máxima autoridad educacional en septiembre de 2011 y que, ante la falta de respuesta, volvieron a enviar en junio 2012. A esto se agrega el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el lucro y sus recomendaciones, y una abundante información pública, antecedentes que habrían sido desatendidos por la autoridad. El desafío del ministro y de su defensa no consiste en argumentar sobre lo que no hizo la Concertación -esa elemental falacia ad hominem de desestimar un argumento por la vía de descalificar la autoridad de quien lo emite-, sino algo mucho más preciso y concreto: demostrar que no ignoró las peticiones que le hicieron ni soslayó la evidencia pública, que sí fiscalizó y/o que carecía de las herramientas jurídicas necesarias para haber emprendido una fiscalización más acuciosa.

Que el sayo le cae también a la Concertación, no cabe duda. Para deslindar responsabilidades ésta deberá usar argumentos similares a los del ministro Beyer, aunque no debiera descartar una cuota de autocrítica. Lo que no parece razonable es plegarse a la “doctrina”  del presidente del PPD, algo así como “si somos todos culpables entonces nadie puede ser juzgado”.

El escenario abierto constituye un exigente primer test político para la ex Presidente Bachelet en su retorno a la política nacional y la presiona a realizar quizás su primera promesa dura de campaña: poner fin al lucro en las universidades y en el sistema escolar subvencionado. Ya lo propuso en el primer proyecto de Ley General de Educación (LGE) que envió al Parlamento en abril de 2007 y que fue rechazado. Ahora puede intentarlo de nuevo, esta vez con una nueva mayoría parlamentaria y apoyándose en una sociedad más  activa. Que el primer tema de campaña sea lucro o no lucro en educación puede ser una señal de la gravitación que podría llegar a tener la movilización de 2011 en la próxima contienda presidencial.

Ver La Tercera 27.3.2013

Decálogo poselectoral

Los comicios municipales dejaron varias enseñanzas para la centroizquierda con miras a las elecciones del próximo año.

por Ernesto Aguila - 07/11/2012  

AUNQUE ni ganadores ni perdedores sepan todavía cómo explicar sus resultados, ni tampoco la alta abstención, las elecciones municipales dejaron varias enseñanzas para la centroizquierda -o el actual entendimiento entre el centro y la izquierda socialista y comunista, para ser más precisos- con miras a los comicios del próximo año. Algunas conclusiones preliminares bajo la forma de un decálogo:

1) Apostar por primarias: aunque éstas a veces se equivoquen, sean caras y engorrosas, construyen legitimidad, dan visibilidad pública y limitan la dispersión. Según la nueva ley, las primarias presidenciales serán simultáneas, por lo que las comparaciones entre lo que haga uno y otro ese día serán inevitables.

2) Nunca declararse ganador antes de las elecciones: ello desmoviliza al electorado propio, lo que es fatal en un sistema de voto voluntario. En un padrón tan desconocido como el que se ha abierto con la inscripción automática, el triunfalismo previo carece de realismo.

3) No continuar haciendo análisis político ni proyecciones electorales a base de encuestas de los periódicos: desahuciar las encuestas telefónicas.

4) Estudiar la experiencia de Providencia: partidos facilitando la inclusión de liderazgos sociales en la política, voto programático, primarias, campaña participativa. Una “experiencia piloto” para la construcción de un nuevo trato entre la sociedad civil y la representación política.

5) Aunque sea un lugar común, se necesita unidad: la Concertación no posee la amplitud requerida. La próxima primaria presidencial debiera ser el minuto para darla formalmente por superada, dando paso a una nueva mayoría política y social.

6) Conocer las sensibilidades que hay tras la abstención: no hay allí sólo apatía o despolitización, sino diversas formas de resistencia social y cultural. Quizás hay buenas razones para no votar, pero estas elecciones plantean un argumento claro frente a los abstencionistas: cuando el triunfo de una de las opciones significa un verdadero cambio, cada voto importa y puede modificar la realidad.

7) Invitar a participar a los más jóvenes de los jóvenes en las próximas primarias de la oposición: no sólo Argentina acaba de aprobar el voto a contar de los 16 años, sino también el Partido Republicano norteamericano permitió la votación de jóvenes de 17 años en sus recientes primarias.

8) No insistir en esa publicidad política vacía y un poco melancólica de rostros retocados: todo lo que parezca realidad será bienvenido en la próxima campaña.

9) La derecha, de manera inesperada, se encuentra debilitada electoralmente (32,8% en votación de concejales): ello abre la posibilidad para la centroizquierda de doblar en más distritos y circunscripciones que bajo el padrón anterior. Se debiera pedir el voto a la ciudadanía para permitir esos doblajes con vistas a modificar el binominal. Para ser creíbles, no se debiera permitir la reelección de los cuatro diputados opositores que hace un tiempo atrás se ausentaron de una votación clave para reformar el binominal.

10) No se puede proyectar mecánicamente el resultado de las elecciones municipales ni a la presidencial ni a las parlamentarias del próximo año: los clivajes, las fuerzas y los recursos involucrados son otros. Pecar de confianza sería no aprender de lo que le acaba de pasar a la derecha en esta elección.

PUBLICADO EN LA TERCERA 7.11.2012